En marzo llegarán a San Luis las primeras cinco familias de refugiados sirios
Los organismos internacional, nacional y provincial involucrados en el operativo aceleraron las acciones de coordinación. El objetivo es "hacer una prueba piloto con pocas familias y tener un primer aprendizaje para después ir sumando más con el correr de los meses". El número final que se contempla es de 3000 personas, que en su mayoría se establecerán en San Luis.
Ayer en el Palacio San Martín -sede de la Cancillería- se reunieron para avanzar en los detalles el representante regional de la Acnur, Michele Manca di Nissa, la coordinadora General del Comité de Refugiados de San Luis, Liliana Scheines, el titular de Cascos Blancos, Alejandro Daneri, y el encargado de Negocios argentino en Siria, Roberto Palarino.
Los trabajos que abordaron en la víspera incluyen la preparación de un marco normativo para dar abrigo legal a los refugiados, que se espera esté definido el martes.
"En la reunión se acordó trabajar en conjunto con Acnur, Cascos Blancos, el gobierno sirio y San Luis, y basarnos en la experiencia ya existente en la materia. Por eso, Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) recomendó comenzar con cinco familias, y se habló que llegarían para fines de marzo o principios de abril a más tardar", dijo a Télam una fuente que participó del encuentro.
La coordinadora General del Comité de Refugiados de San Luis, Liliana Scheines mantuvo una reunión ayer en la Cancillería con funcionarios de la Nación y de Acnur.
El objetivo es "tener una especie de prueba piloto con pocas familias y tener un primer aprendizaje para después ir sumando más con el correr de los meses", contemplando un número final de 3000 sirios, que en su mayoría se establecerán en la provincia de San Luis, la que más avanzó en la logística para la recepción, explicó la fuente a la agencia oficial de noticias del Estado nacional.
El gobernador Alberto Rodríguez Saá propuso a mediados de mes en una cumbre internacional que se realizó en el Vaticano que San Luis sea Estado de acogida. A su regreso, el 16 de diciembre convocó a instituciones y fuerzas políticas a Terrazas de Portezuelo para exponer la idea y dar a conocer la decisión de conformar un Comité provincial.
Scheines -la funcionaria elegida por Rodríguez Saá para representarlo en las gestiones- y el subdirector de la Comisión Nacional para Refugiados (Conare), Julián Curi, se reunieron en la víspera para ultimar el marco normativo.
El gobierno puntano propuso que el llamante -como se denomina a quien recibe al refugiado- sea la provincia de San Luis, a diferencia de la regulación de la Conare, que establece que el llamante debe ser una familia.
San Luis planteó además al Gobierno nacional asumir la responsabilidad del proceso de recepción y contención de los refugiados, incluyéndolos en el programa Familias Solidarias para su adaptación e integración.